La Fiscalía General de la República (FGR) giró tres órdenes de aprehensión por la tragedia ocurrida en la mina El Pinabete, en Coahuila, donde los acusados, si llegaran a ser encontrados como culpables, se les podría dictar sentencia hasta por 12 años de prisión.
Este domingo 4 de septiembre, la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero informó que desde el pasado 05 de agosto, la FGR inició el procedimiento de investigación por los hechos ocurridos en el pozo minero propiedad de la empresa minera El Pinabete S.A de C.V.
De acuerdo con la autoridad federal, las tres órdenes de aprehensión se giraron contra tres personas que presuntamente infringieron los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), donde se estipulan sanciones que van de dos a 12 años de prisión y una “multa de trescientas a mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal”.
Cabe recordar que el día 11 de agosto, la FGR solicitó audiencia judicial contra una persona, por su probable responsabilidad en los actos de dirección y administración en la explotación ilícita del subsuelo que es un bien de la nación, a través de la mina de carbón mineral conocida como El Pinabete, ubicada en el estado de Coahuila, incumpliendo con las obligaciones que la ley le impone a quien realiza ese tipo de actividades.
Asimismo la fiscalía señaló que, de acuerdo a sus investigaciones, “se acreditó que otras dos personas incurrieron en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo minero ubicado en la población de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, donde permanecen atrapados 10 mineros”.
Cabe destacar que desde el 24 de agosto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la FGR aseguraron las oficinas de la compañía El Pinabete, con sede en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde aseguraron documentos y colocaron sellos de clausura en las puertas y ventanas de la oficina.
De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 13:00 horas (tiempo del Centro de México) y a bordo de varias unidades, personal de ambas dependencias arribaron hasta el domicilio fiscal de la minera, ubicada en el barrio de Cedros, sobre la avenida Cuauhtémoc, a escasos metros del tecnológico de la región Carbonífera.
“Tenemos cerca de 60-70 diligencias que hemos realizado entre la solicitud de información, algunas declaraciones o entrevistas, algunos peritajes topográficos y todo eso, no hemos concluido”, señaló la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
En lo que se refiere a los cinco trabajadores que lograron salir de la inundación de la mina, los cuales siguen con lesiones, el fiscal mencionó que no han sido judicializados.
“No han sido vinculados por nosotros, ni siquiera han sido judicializados porque no tendría sentido judicializar por lo que eventualmente es un delito menor hasta ahorita, respecto a la competencia estatal”, señalaron las autoridades.
El tema patronal fue calificado como “complicado” por el fiscal de local, quien se limitó a referir que la persona que se asume como explotador de la concesión minera es “Cristian”; sin embargo, la concesión minera y el predio, ubicado en el municipio de Sabinas, en la región Carbonífera del estado, tiene dueños distintos.
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